El SAS pagará casi 8 millones de euros en el periodo 2026-2030 por la asistencia espiritual de los curas católicos en hospitales
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagará cerca de ocho millones de euros entre 2026 y 2030 para sostener la asistencia espiritual de curas católicos en los hospitales públicos andaluces.
Según la documentación aportada por la Junta de Andalucía, el convenio que financia la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos andaluces fija un impacto presupuestario máximo de en torno a 1.849.676 euros al año para sufragar la actividad de 117 capellanes, cantidad a la que se suman las cuotas a la Seguridad Social del personal contratado. La factura total para el periodo 2026–2030 se aproxima, así, a los ocho millones de euros, que se contabilizan dentro del presupuesto sanitario como si se tratase de un servicio asistencial más, pese a su naturaleza estrictamente confesional.
La decisión de cargar íntegramente este gasto a las cuentas de la sanidad pública andaluza —y no a la casilla de la Iglesia del IRPF ni a partidas estatales específicas— refuerza la percepción de que se está difuminando la frontera entre las prestaciones estrictamente sanitarias y la financiación a determinadas confesiones religiosas. En términos macroeconómicos, la cifra puede parecer modesta frente a los más de 16.000 millones del presupuesto sanitario de la comunidad, pero en un sistema tensionado cada euro que se destina a un fin no esencial es, inevitablemente, un euro que deja de invertirse en refuerzos de plantilla, equipamientos o reducción de listas de espera y demoras quirúrgicas.
La herencia de la Transición
El Gobierno andaluz se apoya para justificar el convenio en una arquitectura jurídica construida en los inicios de la Transición: los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 y la Orden de 20 de diciembre de 1985 que regula la asistencia religiosa católica en hospitales públicos. Aquellos textos, redactados bajo una fuerte inercia concordataria, establecen que el Estado garantiza la asistencia religiosa a los pacientes católicos y transfiere a las administraciones sanitarias competentes las cantidades necesarias para financiar este servicio.
En el anexo del acuerdo de 1985 se fijan criterios mínimos de número de capellanes por hospital en función de las camas, previendo su presencia estable en la estructura de los centros. Con el proceso de descentralización sanitaria, la financiación real de estos servicios se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, que integran estas partidas en sus presupuestos ordinarios de sanidad.
El nuevo convenio: 117 capellanes con cargo a la sanidad pública
El acuerdo renovado entre el SAS y las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada garantiza la presencia de 117 capellanes en los hospitales públicos adscritos al sistema sanitario andaluz durante cuatro años. De ellos, 83 prestarán servicio a jornada completa y 34 a tiempo parcial, ofreciendo asistencia religiosa y atención pastoral no solo a los pacientes que lo soliciten, sino también a sus familiares e, incluso, al propio personal sanitario.
La financiación se articula mediante transferencias mensuales del SAS a las diferentes diócesis, que actúan como intermediarias para el pago de las retribuciones y las cuotas de Seguridad Social. El esquema, cuidadosamente formalizado, consolida un circuito estable: dinero público sanitario que se canaliza hacia estructuras eclesiásticas para sostener un servicio que, aunque amparado en la libertad religiosa, no responde a una necesidad clínica ni a un criterio de salud basado en evidencia científica.
Radiografía económica del convenio
Los casi 1,85 millones de euros anuales del convenio sitúan a Andalucía ligeramente por encima de los aproximadamente 1,64 millones que venía declarando como gasto en asistencia religiosa hospitalaria en años anteriores, cuando ya se posicionaba como la comunidad que más invierte en este concepto.
El SAS destinará en 2026 más de 7.500 millones de euros a retribuciones de su personal sanitario, una cifra que sigue siendo insuficiente para evitar cierres de centros, recortes estivales y sobrecarga permanente en urgencias y atención primaria. El propio SAS reconoce la necesidad de miles de contrataciones adicionales para cubrir los planes de verano y mantener un mínimo nivel asistencial en épocas críticas, mientras la externalización de servicios a clínicas privadas sigue absorbiendo cientos de millones de euros. En este contexto, este debate podría resultar baladí, y una auténtica cortina de humo para eludir la gran cuestión, que es el modelo sanitario, pero todo suma.
El relato oficial
El Ejecutivo de Juanma Moreno, sostenido por el Partido Popular, y ahora también por Vox, defiende el convenio como una expresión de “normalidad democrática e institucional” y como cumplimiento de los mandatos constitucionales de cooperación con la Iglesia Católica. La referencia recurrente es el artículo 16.3 de la Constitución, que consagra la obligación de mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas, además de los acuerdos con la Santa Sede que garantizan la asistencia religiosa en centros públicos. La Junta insiste en que la salud es una realidad integral que incluye dimensiones física, psicológica y espiritual, y sostiene que el acompañamiento religioso ayuda a reducir la angustia de los pacientes y aporta consuelo a las familias en momentos críticos, especialmente en procesos terminales.
Las críticas de la izquierda
Por Andalucía y Adelante Andalucía han tomado la iniciativa parlamentaria contra el convenio, reclamando transparencia sobre el coste real del acuerdo y denunciando su inoportunidad política. Sus portavoces han subrayado que, mientras la sanidad pública sufre fugas de profesionales, demoras históricas en intervenciones y saturación en urgencias, la Junta opta por “reforzar” los hospitales con 117 sacerdotes en lugar de personal sanitario.
Desde estas formaciones se plantea el problema en términos de modelo de Estado: un sistema público de salud debe sostenerse sobre la neutralidad religiosa, y el mantenimiento de representantes de una fe concreta debe corresponder a la Iglesia y a sus fieles, mediante recursos propios y aportaciones voluntarias. Se denuncia, además, que el convenio forma parte de una estrategia de “recristianización institucional” de los servicios públicos andaluces, utilizando la cooperación con la Iglesia como herramienta de identidad ideológica y de movilización del electorado conservador.
El PSOE de Andalucía mantiene un posicionamiento crítico, pero más centrado en la gestión sanitaria y en los desequilibrios del sistema que en una confrontación frontal con la Iglesia. Los socialistas acusan al Gobierno del PP de instrumentalizar convenios religiosos para tapar el deterioro de la atención primaria, los retrasos en las intervenciones quirúrgicas y la creciente dependencia de la sanidad privada mediante conciertos.
Más voces: sindicatos, plataformas y modelo nacional
Más allá de los partidos, sindicatos de la sanidad y plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública han puesto el foco en la nula pertinencia de este gasto y en su difícil encaje en un estado que debería ser considerarse laico en un contexto con graves problemas estructurales, falta de personal y tensiones sistémicas en el SAS.
