El efecto bumerán: cómo la crisis de Ceuta se volvió contra Meloni
A Meloni, tras responder tan dura e inesperadamente a la crisis migratoria de Ceuta, le está pasando factura Alemania, que lleva meses intentando que Italia se haga cargo de miles de solicitantes de asilo y que quiere que todos los inmigrantes sin papeles actualmente en suelo alemán y que antes pasaron por Italia y Grecia sean devueltos a estos países. Lo que empezó como un choque bilateral entre Italia y España se ha convertido en un problema a escala europea.
A finales de julio y principios de agosto de 2026, Ceuta vivió una llegada masiva y descontrolada de migrantes procedentes de Marruecos —en torno a 72.000 personas en apenas 24 horas, según cifras citadas por fuentes del Ministerio del Interior español, con al menos 80 fallecidos en el intento—. El Gobierno de Meloni, que se unió al gobierno danés de la socialdemócrata Mette Frederiksen, reaccionaron con ímetu excesivo e Italia dio cuenta de su insolidaridad ya desde el el 1 de agosto, cuando Roma suspendió el régimen de libre circulación de Schengen con España, alegando motivos de «seguridad nacional» y el riesgo de que la crisis tuviera «repercusiones» para Italia, algo que carecía de sentido y que muchos analistas consideraron una postura populista y demagógica de cara a su patio interior con fines electorales.
Madrid respondió con medidas recíprocas sobre los viajeros procedentes de Italia, en plena temporada alta de turismo estival, lo que ha deteriorado la relación entre los dos socios de la Unión Europea. La oposición italiana, con el senador del Partido Demócrata Graziano Delrio a la cabeza, calificó la reacción de Meloni como «excesiva» y advirtió del riesgo de que la migración se convirtiera en «arma política». Matteo Renzi fue más allá y habló de un «gol en propia meta» de la primera ministra.
La comparecencia de Piantedosi: Italia no da su brazo a torcer
El 13 de agosto, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, compareció ante el Comité parlamentario de control del Acuerdo de Schengen para justificar la decisión del Gobierno. Allí fijó una fecha simbólica: la suspensión «no será revisada antes del 15 de agosto y, en todo caso, solo después de que se hayan excluido completamente los riesgos de seguridad para Italia», es decir, que la vuelta a la libre circulación con España no se planteará antes de pasado Ferragosto (la festividad del 15 de agosto).
Piantedosi defendió la medida como un amedida «cautelar » y no como una represalia política contra Madrid, con quien dijo que Italia mantiene «históricos lazos de amistad y hermandad». Entre los argumentos esgrimidos, alertó de un riesgo de «infiltraciones terroristas» ligado a zonas de Marruecos cercanas a Ceuta que, según distintas fuentes de inteligencia citadas por el ministro, habrían sido históricamente objeto de reclutamiento yihadista. También presentó un balance de los controles reinstaurados desde el 1 de agosto: tres detenciones y 21 rechazos de ciudadanos de terceros países, seis de ellos de nacionalidad marroquí, aunque el propio ministro reconoció ante preguntas de la oposición que es «imposible» determinar cuántos de esos rechazados procedían realmente de Ceuta.
Piantedosi aprovechó también para reivindicar la política migratoria general del Gobierno Meloni: según sus cifras, los desembarcos irregulares en Italia han caído un 55% en 2026 respecto a 2025, y un 82% si se comparan los primeros siete meses de 2026 con el mismo periodo de 2023, año en que arrancó la legislatura. En términos absolutos, defendió que en 2026 han llegado a Italia unas 17.000 personas por vía irregular, menos de una cuarta parte de las que llegaron a Ceuta en apenas dos días. El mismo día, Meloni respaldó la línea de su ministro con un mensaje en redes sociales reafirmando el objetivo de seguir expulsando a los migrantes irregulares del país. No obstante, la realidad es que a Italia siguen llegando el doble de inmigrantes irregulares que a España.
El golpe inesperado: Alemania activa las devoluciones a Italia
Mientras Meloni sostenía el pulso con Madrid, el canciller alemán Friedrich Merz —presionado por unas encuestas que reflejan el ascenso de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)— decidió endurecer su propia política migratoria. Berlín anunció la reactivación de las devoluciones de solicitantes de asilo hacia Italia y Grecia en aplicación del Reglamento de Dublín, la norma comunitaria que obliga a que sea el país de entrada a la UE el que gestione cada solicitud de asilo.
El primer caso está previsto para el 19 de agosto —fecha que, al cierre de este artículo, aún no se ha producido— y afecta a una mujer somalí que llegó a Alemania en marzo tras haber entrado inicialmente en territorio de la UE por Italia. Un portavoz del Ministerio del Interior alemán defendió la medida señalando que un sistema de Dublín funcional es un requisito indispensable para el éxito de la nueva reforma europea de asilo (el llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, PEMA), y expresó que Alemania «espera que los traslados a Italia y Grecia se reanuden».
La base legal no es nueva: Italia había aceptado en otoño de 2025 reintroducir las reglas de Dublín en el marco del nuevo sistema de asilo, vigente desde junio de 2026. Un acuerdo bilateral cerrado en diciembre de 2025 ya había resuelto los casos acumulados hasta entonces; lo que cambia ahora es el criterio aplicado a los llegados durante 2026.
Meloni, atrapada en su propia estrategia
El golpe político es evidente. Meloni ha hecho de la firmeza migratoria frente a sus socios comunitarios uno de los ejes centrales de su discurso, y ahora es Alemania quien le recuerda las reglas que su propio Gobierno dejó de aplicar a otros países cuando le convino. Roma, de hecho, rechaza por ahora aceptar las devoluciones que reclama Berlín, argumentando que su sistema de acogida está colapsado y que no puede recibir a más solicitantes de asilo procedentes de otros países europeos mientras no funcione plenamente el nuevo mecanismo de solidaridad del PEMA —dotado para 2026 con un fondo de 420 millones de euros para los países bajo mayor presión migratoria, entre ellos España, Italia, Grecia y Chipre—.
Esta postura, sin embargo, es difícil de sostener en el plano discursivo: es la misma lógica —»que se ocupe el país de entrada»— que Meloni ha esgrimido durante meses frente a España por la crisis de Ceuta y frente a la UE por la presión migratoria que sufre Italia desde el Mediterráneo. Analistas y opositores italianos coinciden en señalar la contradicción. Para varios comentaristas citados en la prensa italiana y española, la ofensiva de Meloni contra Madrid generó una reacción en cadena que ahora aprovechan otros gobiernos, incluido el de Merz, cuyo anuncio de enviar de vuelta a Italia y Grecia a los migrantes llegados primero por esos países se enmarca en el mismo pacto migratorio europeo que Roma dice defender solo quiere aplicar cuando le beneficia.
Varios frentes abiertos
El episodio no es aislado. Italia ha estrechado además su alianza con Dinamarca para reclamar conjuntamente la creación de «centros de retorno» de migrantes fuera de la UE, una externalización de la gestión migratoria que Meloni ya ensayó con el controvertido modelo de centros en Albania —hoy cuestionado tras un fallo judicial en Roma que ha frenado parte de las repatriaciones previstas—.
En el plano interno, la crisis de Ceuta también ha tenido efectos electorales en España: varias encuestas citadas por medios españoles apuntan a una subida de Vox y a una mejora del PP, en un contexto de fuerte polarización sobre la gestión migratoria en el sur de Europa.
Dos calendarios que se cruzan
Lo llamativo de este momento —14 de agosto de 2026— es que ambos frentes convergen en cuestión de días. Piantedosi ha fijado el 15 de agosto como la primera fecha en la que Italia podría, como muy pronto, empezar a reconsiderar la suspensión de Schengen con España, aunque ha dejado claro que solo lo hará si los «riesgos de seguridad» quedan completamente descartados, algo que no ha concretado con criterios verificables. Cuatro días después, el 19 de agosto, es cuando Alemania tiene previsto ejecutar el primer traslado de un solicitante de asilo hacia Italia en aplicación del Reglamento de Dublín.
Es decir, Roma podría verse obligada a decidir si flexibiliza su postura frente a España en plena Ferragosto mientras simultáneamente libra una batalla para no tener que aceptar exactamente el mismo principio —la responsabilidad del país de entrada— que Alemania le exige a ella. Ninguna de las dos fechas ha llegado todavía, por lo que se trata, de momento, de plazos anunciados y no de hechos consumados.
Qué está en juego
El pulso entre Roma y Berlín pone a prueba la coherencia del recién estrenado sistema europeo de asilo. Si Italia logra bloquear las devoluciones que exige Alemania mientras mantiene sus propias restricciones frente a España, corre el riesgo de ser señalada por el resto de socios europeos como el ejemplo de un doble rasero: exigir solidaridad y cumplimiento de las normas comunitarias cuando le perjudica, y rechazarlas cuando le toca asumir su parte.
Como resumía una voz crítica con el Gobierno italiano, la gestión de la migración en Europa «exige cooperación y responsabilidad compartida bajo el Reglamento de Dublín, no gestos propagandísticos para competir con la extrema derecha». Con la suspensión de Schengen sin fecha de revisión antes del 15 de agosto y el primer retorno alemán anunciado para el 19, las próximas dos semanas se perfilan como el verdadero test de hasta dónde está dispuesta a llegar Meloni para sostener una política que, paradójicamente, empieza a volverse en su contra.
