El Gobierno ultima el traslado urgente de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península

‘La medida forma parte de un plan integral de acogida diseñado para aliviar la saturación del sistema de protección de menores de la ciudad autónoma, desbordado tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio.’

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, trabaja de forma urgente en un plan para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que actualmente se encuentran en Ceuta, según han confirmado fuentes del departamento a distintos medios, entre ellos Público. La medida forma parte de un plan integral de acogida diseñado para aliviar la saturación del sistema de protección de menores de la ciudad autónoma, desbordado tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio.

El origen de la crisis: la noche del 30 al 31 de julio

La noche del 30 al 31 de julio de 2026 se produjo en Ceuta una entrada masiva de personas desde Marruecos a través del espigón fronterizo del Tarajal y por el mar. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegó a calificar la situación de «absoluta emergencia humanitaria y social» y solicitó auxilio urgente al Gobierno central, señalando que en los diez días previos habían entrado en la ciudad autónoma alrededor de 2.000 personas, el equivalente al 2% de la población total de Ceuta, esa noche y el día Posterior pudieron entrar entre 50.000 Y 80.000 personas. Si a principios de agosto la ministra Sira Rego situaba el número de menores extranjeros no acompañados registrados en 1.342, el Ministerio del Interior ha elevado esa cifra a 2.168 según los últimos datos difundidos el 18 de agosto. sa del Ministerio de Juventud e Infancia.

Por qué se prioriza a las niñas

Uno de los aspectos más señalados por el Ministerio es que el perfil migratorio de esta crisis difiere del registrado en la anterior gran entrada masiva de 2021: han llegado proporcionalmente más niñas no acompañadas y más niños de muy corta edad, un colectivo considerado especialmente vulnerable. Por ese motivo, la ministra Sira Rego ha explicado que el procedimiento de acogida está dando prioridad a los perfiles de mayor riesgo —niñas y menores de 13 años— aunque ha insistido en que el objetivo final es que «todos los niños y todas las niñas sean atendidos».

En qué consiste el plan de traslado

Según las fuentes del Ministerio consultadas por Público y El Diario, el plan integral en el que trabaja desde el pasado domingo en Ceuta el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, contempla varias vías simultáneas:

• Un real decreto-ley para establecer la «acogida vinculante y solidaria» por parte de todas las comunidades autónomas, así como fórmulas de acogimiento familiar.
• Una vía adicional para agilizar los traslados sin necesidad de pasar por ese reparto formal entre autonomías: permitir que organizaciones de protección a la infancia se hagan cargo de la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables —entre ellos las niñas— en recursos adaptados situados en la Península, sin trasladar la tutela legal a las comunidades autónomas de destino. Es precisamente esta última vía la que se está utilizando, de manera urgente, para gestionar el traslado de las aproximadamente 500 niñas, aunque el propio Ministerio advierte de que la cifra «puede variar durante el proceso».

Esta fórmula busca sortear la lentitud administrativa que supondría transferir la tutela legal de cada menor a una comunidad autónoma distinta, permitiendo así una respuesta más rápida ante la urgencia humanitaria.

La polémica con Bruselas: ¿deben ser devueltos los menores?

El anuncio del plan de traslado llega apenas 24 horas después de que la Comisión Europea defendiera una postura que ha generado fuerte controversia: que todos los migrantes que permanecen en Ceuta tras haber entrado de forma irregular sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados. Preguntado explícitamente si esa devolución también incluía a los menores de edad, el portavoz de la Comisión para Asuntos de Interior, Markus Lammert, respondió que la cuestión «está regulada por el Derecho de la UE» y que la nueva directiva de retorno contempla disposiciones aplicables también a los menores no acompañados en situación irregular.

Esta posición choca frontalmente con la jurisprudencia española: en 2021, el Tribunal Supremo declaró ilegal la devolución masiva de menores a Marruecos ejecutada durante la crisis migratoria de aquel año, al considerar que se produjo con «absoluta inobservancia» de las garantías exigidas por la ley de extranjería, entre ellas la obligación de realizar un estudio individualizado de las circunstancias personales de cada menor antes de decidir sobre su retorno. Fuentes del Gobierno han recordado que el retorno de un menor a su país de origen solo puede contemplarse si un informe individualizado determina que esa es realmente la mejor opción para su interés superior, nunca como parte de una devolución colectiva.

En paralelo, Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a los menores marroquíes no acompañados, siempre que España «levante los obstáculos judiciales y administrativos» que actualmente lo impiden, a lo que la ministra Rego ha respondido que el Gobierno está abierto a explorar mecanismos que respeten los estándares de derechos humanos y el interés superior del menor.

Garantías judiciales y respuesta institucional

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación dirigidas a los fiscales para garantizar la protección de todos los menores afectados por la crisis. Por su parte, distintos delegados del Gobierno en otras comunidades autónomas —como el de Extremadura, José Luis Quintana— han subrayado públicamamente la necesidad de proteger los derechos de estos menores, calificados como un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad.

No todas las voces coinciden en la magnitud del problema: mientras el Gobierno maneja la cifra oficial de 2.168 menores identificados, distintas asociaciones vecinales de Ceuta elevan el número real de menores presentes en la ciudad muy por encima de los datos oficiales, hasta los 4.800, según ha trasladado la propia ministra al ser preguntada por esta discrepancia.

Un reto que desborda a una sola ciudad

Más allá del debate político y jurídico, el plan de traslado de las 500 niñas pone de manifiesto una realidad estructural: ni Ceuta ni ninguna otra ciudad autónoma o comunidad de acogida en solitario puede sostener, con sus recursos ordinarios, una crisis migratoria de esta magnitud. El propio Gobierno recuerda que, sumando el sistema de acogida y el programa de atención humanitaria, España dispone actualmente de más de 45.000 plazas para migrantes en todo el territorio, un contexto que refuerza el argumento oficial a favor de un reparto solidario entre comunidades autónomas frente a la concentración de la presión migratoria en los puntos fronterizos de entrada.

En los próximos días se espera que se conozcan más detalles sobre el calendario concreto de los traslados, el destino específico de las menores dentro de la Península y la tramitación del real decreto-ley anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia.