
La Junta licita el ‘diseño’ de una campaña informativa de 15 días exclusiva para Granada una vez se ha producido un ‘enjambre’ de terremotos
Otro caso más de improvisación: La Junta de Andalucía carecía tanto del diseño como del material necesario para la comunicación de los protocolos de actuación en caso de movimientos sísmicos, y se limita a la provincia de Granada y para los próximos 15 días.
Mientras la provincia de Granada acumula ya varios cientos de réplicas sísmicas tras el terremoto de magnitud 5,2 registrado el pasado 15 de agosto en Alhendín, la Junta de Andalucía ha resuelto adjudicar un contrato para diseñar y difundir material publicitario con las normas de actuación ante episodios sísmicos. La medida, en principio razonable ante la alarma social generada, tiene un problema de fondo que salta a la vista en cuanto se revisa la documentación oficial: la campaña se circunscribe en exclusiva al término municipal de Granada, dejando fuera a otras provincias andaluzas que comparten el mismo riesgo sísmico estructural, como Almería y Málaga.
Lo que dice el anuncio de adjudicación
Según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (referencia 2026-0001939958), la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha adjudicado, por el procedimiento de contrato menor, un servicio de «diseño, creación, producción y adaptación del material publicitario de la campaña de información a la ciudadanía para comportamiento ante episodios sísmicos». El contrato, valorado en 14.880 euros sin IVA (18.004,80 euros con impuestos incluidos), tiene una duración de apenas 15 días y su lugar de ejecución, tal y como consta expresamente en el documento oficial, es exclusivamente el municipio de Granada.
Se trata, por tanto, de una actuación rápida, de importe reducido y tramitación simplificada —lo que en la jerga administrativa se conoce como contrato «menor» y de tramitación «ordinaria»—, pensada para responder con celeridad a la crisis sísmica que atraviesa la capital granadina y su área metropolitana. El problema no es la rapidez ni el importe, sino el alcance territorial que se le ha dado.

Un riesgo que no entiende de límites provinciales
La decisión de limitar la campaña a Granada resulta difícil de justificar desde el punto de vista puramente técnico. Según ha explicado la profesora de Geodinámica de la Universidad de Granada Ana Crespo Blanc, la actividad sísmica que atraviesa la ciudad forma parte de un fenómeno conocido como «enjambre sísmico», vinculado al movimiento de las Cordilleras Béticas, la región de mayor actividad sísmica de toda la península ibérica según el propio Instituto Geográfico Nacional (IGN). Esa cadena montañosa no se detiene en los límites administrativos de la provincia de Granada: se extiende también por buena parte de Almería y Málaga, dos provincias que, según los mapas de peligrosidad sísmica elaborados por el propio IGN, presentan niveles de riesgo comparables, y en algunas zonas incluso superiores, a los de la capital granadina.
De hecho, el precedente más citado por los propios sismólogos al hablar de este riesgo no es otro que el terremoto de Lorca (Murcia) de 2011, que con una magnitud de «solo» 5,1 —muy similar a la registrada este mes en Alhendín— causó nueve víctimas mortales, precisamente por la escasa profundidad del hipocentro y la proximidad de las fallas a núcleos urbanos densamente poblados. Esa misma combinación de factores —fallas activas, sismos superficiales y áreas urbanas próximas— se repite en buena parte del litoral y el interior de Almería y Málaga, sin que ello se haya traducido, de momento, en ninguna campaña informativa equivalente para sus ciudadanos.
La magnitud de lo ocurrido en Granada
Conviene no perder de vista la gravedad del episodio que ha motivado esta contratación. El sábado 15 de agosto, un terremoto de magnitud 5,2 con epicentro en Alhendín sacudió el área metropolitana de Granada, el quinto seísmo registrado en la provincia en apenas 24 horas. Localidades como Gójar, Ogíjares, Otura, La Zubia, Churriana de la Vega y Armilla notaron el temblor con especial intensidad, y el propio Patronato de la Alhambra tuvo que desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba. Según los últimos datos del IGN, la serie sísmica ha dejado ya más de 348 movimientos registrados hasta el pasado lunes, la mayoría de magnitud inferior a 2, pero con réplicas que han llegado hasta magnitud 3,3.
Ante esta situación, resulta comprensible y necesario que la Junta actúe con rapidez para informar a la población granadina sobre cómo comportarse ante un seísmo: qué hacer durante el movimiento, cómo actuar después, qué precauciones tomar en edificios con daños estructurales o por qué conviene evitar el uso de ascensores tras una réplica. Lo que no resulta tan comprensible es que esa misma información básica de protección civil —que no depende de que en ese momento se esté produciendo un terremoto en la localidad, sino del nivel de riesgo estructural de la zona— no se considere igualmente necesaria para la ciudadanía de Almería o Málaga.
Una gestión reactiva en lugar de preventiva
El fondo del problema no es tanto la existencia de la campaña como su lógica de partida: la Junta de Andalucía parece haber optado, una vez más, por una gestión estrictamente reactiva del riesgo sísmico, activando recursos de comunicación únicamente allí donde el suceso ya se ha producido y ha generado alarma social y mediática, en lugar de aplicar un criterio preventivo basado en la peligrosidad sísmica real de cada territorio, que es un dato disponible y conocido desde hace años a través de los mapas del propio IGN.
Esa lógica reactiva tiene un coste evidente: la ciudadanía de Almería y Málaga —dos provincias con litorales densamente poblados y con una intensa actividad turística que multiplica la población expuesta en los meses de verano— sigue sin disponer de una campaña equivalente que le indique cómo comportarse en caso de que, como advierten los propios expertos, la actividad sísmica bética se traslade a sus términos municipales en cualquier momento, tal y como ya ha ocurrido en episodios sísmicos previos registrados en ambas provincias en los últimos años.

