La Comisión Europea presenta la Ley de Vivienda Asequible
La propuesta legislativa configura el primer marco comunitario común concebido para dotar de seguridad jurídica a los Estados miembros, regiones y ayuntamientos a la hora de intervenir en el mercado del suelo y del alquiler. La norma no impone restricciones directas desde Bruselas, sino que delega en las administraciones locales la potestad de actuar, proporcionándoles criterios sólidos y homologados frente a eventuales litigios en el mercado único.
Entre sus ejes centrales destaca el diseño de una metodología homogénea para delimitar técnicamente las denominadas «zonas de tensión residencial». Con este instrumento, los municipios podrán justificar la adopción de medidas correctoras frente a la escasez de oferta y el encarecimiento desmedido de los inmuebles.
Exigencias para regular el alquiler turístico y los pisos vacíos
El nuevo reglamento establece pautas precisas cuando las autoridades decidan limitar usos específicos, como las viviendas de uso turístico (VUT) o los inmuebles desocupados. De acuerdo con el texto comunitario, cualquier restricción deberá demostrar de forma fehaciente que resulta estrictamente proporcionada, necesaria y dirigida a paliar una presión habitacional continuada.
En el caso del alquiler de corta duración, los entes públicos habrán de acreditar que dicha actividad ha generado un impacto negativo y significativo sobre la accesibilidad de la vivienda durante al menos tres años consecutivos, certificando además la insuficiencia de medidas menos lesivas.
Complemento al Plan Europeo de Vivienda Asequible
Esta iniciativa legislativa actúa como pieza clave dentro del Plan Europeo de Vivienda Asequible y complementa el marco normativo sobre transparencia de datos en alquileres turísticos aplicable desde mayo de 2026. Su despliegue busca catalizar tanto la inversión pública como la privada en el parque residencial social, al tiempo que persigue agilizar los plazos administrativos y rebajar los costes de edificación y rehabilitación.
Tras la publicación de la propuesta, el texto inicia ahora su tramitación ante el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea mediante el procedimiento legislativo ordinario para su debate y posterior aprobación definitiva.
