El odio como estrategia: Vox marca el paso y el PP lo sigue

‘Tras esta idea fraudulenta de amenaza mortal a la nación, el alzamiento militar ocultaba el objetivo menos apocalíptico, y materialmente más rentable, de revertir las numerosas reformas con las que la Segunda República había planeado modernizar España.’’

Nos cuenta alguien tan poco sospechoso de se ser un ‘rojo peligroso’ como el hispanista Paul Preston en su libro Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio, que ‘En la primavera de 1937, en la zona controlada por los militares sublevados bajo el mando del general Franco, se publicó un libro cuyo tema era el curso que había seguido hasta el momento la Guerra Civil. Titulado La guerra en España contra el judaísmo bolchevique, la obra resulta curiosa porque en ninguna de sus páginas se menciona a los judíos ni a los bolcheviques. Además, en 1936 no había más de seis mil judíos en España, de los que alrededor de un treinta por ciento eran refugiados del nazismo que habían encontrado protección en la República después de 1934. Además, el Partido Comunista de España era minúsculo. Así pues, ¿cómo podía ser aquella una guerra contra judíos y bolcheviques? Pero numerosos partidarios del golpe militar de julio de 1936 que provocó la Guerra Civil lo tenían clarísimo, lo que atestigua el éxito de una campaña masiva montada durante los años de la República para convencer a los españoles —en especial, a los católicos— de que su país estaba amenazado por una caterva de judíos, masones y bolcheviques. Tras esta idea fraudulenta de amenaza mortal a la nación, el alzamiento militar ocultaba el objetivo menos apocalíptico, y materialmente más rentable, de revertir las numerosas reformas con las que la Segunda República había planeado modernizar España.’

Ya lo advirtió Carl Schmitt en El concepto de lo político: lo específicamente político no reside en distinguir el bien del mal, sino al amigo del enemigo, y un movimiento alcanza su máxima intensidad cuando logra señalar con precisión a quién hay que temer. Lo que en 1932 era una tesis inquietante escrita por un jurista que terminaría al servicio del nazismo, hoy se puede observar en tiempo real en el debate público español, cada vez que un menor extranjero no acompañado, un solicitante de asilo o un vecino musulmán se convierten en el argumento central de un mitin, una rueda de prensa o un pacto de gobierno autonómico.

Durante años, España se pensó a sí misma como una rara avis en el mapa europeo: el país sin ‘racismo’ y sin un partido de extrema derecha relevante porque la extrema derecha se sentía cómoda dentro del PP, presentado casi como una vacuna colectiva frente al fascismo, heredada de la memoria reciente de la dictadura. Esa excepcionalidad se acabó ya hace tiempo. Vox ha pasado de la irrelevancia parlamentaria a convertirse en la tercera fuerza nacional y en socio de gobierno, en solitario o en coalición, en varias comunidades autónomas y ya ha demostrado con creces que dentro de los gobiernos hace exactamente lo mismo que fuera: ‘epatar’, por decirlo suavemente. Y con esa consolidación de Vox y esa ascendencia sobre el PP ha llegado, también aquí, el fenómeno que el politólogo Cas Mudde bautizó como populismo radical de derecha: nativismo, autoritarismo y una retórica que divide a la sociedad entre un ‘pueblo’ —siempre español, siempre honrado, siempre amenazado— y una serie de enemigos que van desde la ‘casta’ política progresista hasta el inmigrante irregular, pasando por el feminismo, el movimiento LGTBI+, los antitaurinos, el nacionalismo periférico o lo que sea, que un enemigo nunca viene mal.

Lo verdaderamente preocupante de 2026 no es, sin embargo, que exista un partido que utilice esa gramática —eso ya lo advertíamos hace tiempo—, sino que el principal partido de la oposición, el PP, haya decidido dejar de combatirla para empezar a imitarla. El propio Alberto Núñez Feijóo, en plena crisis por la llegada de menores no acompañados, defendió públicamente que «tienen que volver a Marruecos», una formulación que hace apenas un lustro habría sido impensable en boca del líder de un partido que se reclama heredero de la democracia cristiana europea. Los pactos de gobierno firmados por el PP con Vox en Extremadura incorporan literalmente la fórmula «no más MENAS», junto con la supresión de subvenciones a las ONG que trabajan con población migrante y la creación de unidades específicas para perseguir el supuesto fraude en las prestaciones sociales vinculado a extranjeros. Es cierto —y la honestidad periodística obliga a decirlo— que la dirección nacional del PP ha rechazado explícitamente la propuesta de Vox de deportaciones masivas, y que trata de mantener, con desigual fortuna, un perfil más institucional que el de su socio ultra. Pero esa distancia, cada vez más fina, no debería tranquilizarnos: la historia del odio político rara vez avanza por saltos, sino por acomodaciones sucesivas del centro hacia posiciones que antes ocupaba, en solitario, el extremo.

¿Por qué funciona esta estrategia? La filosofía y la sociología llevan más de un siglo explicándolo. Gustave Le Bon ya describió, en su Psicología de las masas, cómo el individuo integrado en un colectivo pierde parte de su juicio crítico y se vuelve permeable a mensajes simples y emocionalmente intensos. Sigmund Freud añadió que la cohesión de cualquier grupo se refuerza señalando a un exogrupo hostil. Y el antropólogo René Girard, en La violencia y lo sagrado, formuló la pieza que mejor explica el momento español: las sociedades en crisis tienden a descargar sus tensiones sobre un chivo expiatorio, cuya persecución ofrece la ilusión de una solución simple a un malestar que, en realidad, tiene raíces mucho más complejas y estructurales. El menor migrante, el ocupa, el perceptor «fraudulento» de ayudas: cada uno de estos personajes cumple, en el discurso de Vox y, cada vez más, en el del PP, la misma función retórica que Girard describió para sociedades muy anteriores a la nuestra.

Ni Vox ni el PP hablan hoy el lenguaje racista explícito del fascismo histórico. Hablan de ‘cultura’, de ‘nuestras costumbres’ de ‘valores occidentales’, de ‘asimilación’ y de ‘identidad nacional’. Ese giro no es casual: los filósofos Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, en Raza, nación, clase, describieron ya hace más de tres décadas la transición desde un racismo biológico clásico hacia lo que llamaron un ‘neorracismo’ o ‘racismo diferencialista’, que sustituye la jerarquía de razas por la incompatibilidad de culturas, pero conserva intacta la lógica de exclusión de fondo. Cuando un consejero autonómico plantea ‘pruebas de edad’ sistemáticas para menores extranjeros, o cuando se vincula de forma insistente la inmigración con el colapso de la sanidad y la vivienda, no estamos ante un debate técnico sobre política migratoria, sino ante la reedición actualizada de un mecanismo de construcción del enemigo que la historiografía conoce bien.

Justo por eso, Hannah Arendt sigue siendo una lectura obligada. En Los orígenes del totalitarismo, Arendt distinguió el racismo ideológico moderno del prejuicio tradicional precisamente por su pretensión de sistematicidad: mientras el prejuicio antiguo admite la excepción individual, la ideología excluyente moderna convierte la pertenencia a un grupo en el único dato relevante sobre la persona, sin importar su trayectoria, su legalidad administrativa o su comportamiento cívico. Cuando un discurso político empieza a hablar de ‘los MENAS’ o ‘los inmigrantes’ como bloque homogéneo, sin distinción alguna, ya ha cruzado esa frontera conceptual, aunque evite cuidadosamente el vocabulario racial explícito.

Karl Popper formuló hace ochenta años la paradoja que hoy vuelve a interpelarnos: una sociedad indefinidamente tolerante con quienes predican la intolerancia corre el riesgo de ser destruida por ellos; pero una sociedad que reprime sin matices cualquier discurso incómodo erosiona sus propios fundamentos liberales. Popper no proponía la censura generalizada, sino un criterio más exigente: la alarma debe encenderse cuando un actor político no solo defiende posiciones extremas, sino que además rechaza el debate racional y normaliza la deshumanización de un colectivo como herramienta de movilización.

Ese es, precisamente, el punto en el que se encuentra hoy buena parte del debate público español. No se trata de exigir que Vox deje de existir, ni de pedir al PP que abandone toda política migratoria restrictiva —hay un espacio legítimo, en cualquier democracia madura, para discutir seriamente los límites y la gestión de los flujos migratorios—. Se trata de exigir algo más elemental y, a la vez, más difícil: que esa discusión se libre con datos, no con menores convertidos en amenaza retórica; con políticas de vivienda y de empleo, no con chivos expiatorios; y con el rigor de quien sabe, porque la historiografía se lo ha explicado con creces, que el odio político nunca ha sido gratuito para quien lo desata, ni, mucho menos, para quien lo sufre en primera persona.