Vuelve la izquierda en Suecia, pero, quién es Magdalena Andersson, la economista socialdemócrata que se perfila de nuevo como primera ministra
Si los sondeos a pie de urna se confirman en las próximas horas, Magdalena Andersson tendrá la oportunidad, esta vez con un mandato más sólido que el de 2021, de demostrar si la coalición de izquierdas sostiene un gobierno capaz de parar el auge de la extrema derecha.
El 24 de noviembre de 2021 Magdalena Andersson se convirtió en la primera mujer en presidir el Gobierno de Suecia. Ocho horas después, dimitía. Sus socios del Partido Verde habían abandonado la coalición tras el rechazo parlamentario de los presupuestos conjuntos, y Andersson, fiel a una lectura estricta de la práctica constitucional sueca —»un gobierno de coalición debe dimitir cuando uno de sus socios lo abandona», explicó entonces—, prefirió presentar su renuncia antes que liderar un Ejecutivo cuya legitimidad pudiera cuestionarse. Volvió a ser investida días después, esta vez al frente de un gobierno en minoría. El episodio, que pudo hundir su carrera antes de empezar, terminó por consolidar el rasgo que sus adversarios y sus propios compañeros de partido coinciden en atribuirle: una autoexigencia personal con las normas y con los números en los que no caben medias tintas.
Nacida en Uppsala en 1967, hija única de un profesor y una profesora de instituto, Andersson fue antes que política una nadadora juvenil de élite —campeona nacional júnior sueca de braza—, un dato biográfico que sus perfiles periodísticos repiten casi como metáfora de su carácter: disciplina, resistencia, ausencia de dramatismo. Se licenció en la Escuela de Economía de Estocolmo, la más prestigiosa del país, completó estudios en Viena y Harvard, y militó en la juventud socialdemócrata desde los 16 años. Antes de dar el salto a la primera línea, pasó por la función pública —llegó a ser subdirectora general de la Agencia Tributaria sueca, nombrada por un Gobierno conservador— y por el asesoramiento político en el entorno de Göran Persson, primer ministro sueco, ministro de Hacienda y líder del Partido Socialdemócrata Sueco (Socialdemokraterna). Esa combinación de sólidos conocimientos económicos y militancia de base explica buena parte de su perfil: una economista de manual instalada en el partido de tradición obrera que ha hecho de Suecia el país que es porque ha gobernado el país nórdico durante 51 años desde 1945.
Fue ministra de Finanzas durante siete años, entre 2014 y 2021, bajo el mandato de Stefan Löfven, y llegó a presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, la primera mujer en ese cargo. En Bruselas se ganó fama de rigorista fiscal, alineada en su día con el club de países «frugales» —Austria, Holanda, Dinamarca— frente a los planes de gasto conjunto europeo. Es, probablemente, la etiqueta que mejor resume su marca política: una socialdemócrata que defiende el Estado del bienestar nórdico sin renunciar a la ortodoxia presupuestaria, más gestora que ideóloga, más aritmética que retórica.
Ese estilo directo, casi cortante, ha generado en Suecia reacciones que sorprenden en un país de cultura política moderada. «Hay gente que incluso dice tenerle miedo, lo que resulta curioso viniendo de catedráticos de economía o politólogos de prestigio», resumía hace unos años el periodista Anders Lindberg, del diario Aftonbladet. Ella misma se define de forma más amable: «una mujer simpática y trabajadora a la que le encanta tomar decisiones». Ambos retratos, en realidad, son compatibles: las dos caras de la misma reputación de eficacia sin florituras que la ha acompañado desde Hacienda hasta la oposición.
Su paso por Rosenbad, la sede del Gobierno sueco— duró apenas diez meses, marcados por la el inicio de la guerra de Ucrania. Fue su Gobierno el que rompió dos siglos de neutralidad militar sueca al solicitar el ingreso en la OTAN en 2022, una decisión que Kristersson culminaría después en 2024 tras el desbloqueo turco y húngaro, pero que se gestó bajo su mandato. Perdió las elecciones de aquel septiembre por un margen mínimo —176 escaños frente a 173— ante una coalición de moderados, democristianos y liberales sostenida desde fuera por los ultraderechistas de Jimmie Åkesson, que sin entrar en el Gobierno han condicionado buena parte de su agenda en materia migratoria y de seguridad.
Cuatro años después, esa es precisamente la batalla que Andersson ha librado en esta campaña: recuperar un terreno, el de la inmigración y la lucha contra las bandas criminales, que la derecha y la extrema derecha convirtieron en el eje de la vida política sueca. El Gobierno de Kristersson endureció de forma drástica la política de asilo —de los 160.000 solicitantes de 2015 a apenas 4.200 en 2026— y amplió los instrumentos policiales contra el crimen organizado. Andersson, que no ha dudado en respaldar en el Parlamento algunas de esas medidas restrictivas, afronta ahora el reproche simétrico de sus rivales, que le recuerdan la política de puertas abiertas practicada por la socialdemocracia en la década anterior, y el de una parte de su propio electorado, incómodo con ese giro.
La jornada de hoy coincide prácticamente con el aniversario del asesinato, el 11 de septiembre de 2003 de la excanciller socialdemócrata Anna Lindh, apuñalada en un centro comercial de Estocolmo. Un recordatorio, en pleno cierre de campaña, de lo que está en juego cuando la política sueca discute sobre seguridad, inmigración y los límites de la convivencia. Si los sondeos a pie de urna se confirman en las próximas horas, Magdalena Andersson tendrá la oportunidad, esta vez con un mandato más sólido que el de 2021, de demostrar si la coalición de izquierdas sostiene un gobierno capaz de parar el auge de la extrema derecha.
