Un análisis de The Guardian sostiene que el accidente ferroviario de Urda cambia la campaña, aunque ‘nunca conviene apostar contra Pedro Sánchez’
Pedro Sánchez a la defensiva en la recta final hacia el 29-N
Una de las máximas de la política española es que nunca conviene apostar contra Pedro Sánchez. Así arranca el análisis que el corresponsal Sam Jones publica en The Guardian este viernes, 30 de octubre, bajo el título “Las líneas de batalla se redibujan en las elecciones anticipadas tras el último desastre ferroviario”. Su tesis es que la cita del próximo mes, que Sánchez convocó tras el rechazo parlamentario a sus medidas de vivienda, quizá ya no sea el duelo que se preveía.
Una campaña planteada en otros términos
Sánchez anunció el 5 de octubre elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno. Según el diario británico, la izquierda planteaba los comicios como la última oportunidad para frenar un gobierno de PP y Vox, y la derecha como la ocasión de poner fin a ocho años de lo que llaman “sanchismo”.
El choque de trenes de Urda, en el que murieron al menos 69 personas, ha alterado ese guion. The Guardian subraya que el duelo ha rebajado de momento el tono belicoso de las últimas campañas, y que la seguridad ferroviaria amenaza con eclipsar el intento del presidente de defender su gestión. Recuerda que esta es la segunda catástrofe en la misma línea en pocos meses, tras la que causó 46 muertos en enero. En la portada de El País titulaban sobre la “segunda catástrofe de la alta velocidad en menos de un año”.
Los frentes abiertos del Gobierno
El análisis recuerda que Sánchez ya afrontaba la campaña con otros flancos. A las protestas por la vivienda se sumaban las acusaciones de corrupción que rodean a su familia y a su círculo, y las críticas, dentro y fuera de España, por la gestión del cruce masivo hacia Ceuta durante el verano.
El politólogo Pablo Simón, de la Universidad Carlos III, describe un doble efecto. El primero es que el accidente atrae la atención sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y sugiere un problema estructural, con un deterioro más amplio de los servicios públicos. Añade que un Gobierno que ejerce el poder desde 2018 no puede achacar esa situación a los recortes del PP: eso, dice, “no es creíble”. El segundo es que el Ejecutivo ya partía de una situación cuesta arriba para reunir los apoyos que necesitaba.
Simón apunta también a un problema de movilización. Sánchez contaba con hasta 1,2 millones de votantes afines al PSOE pero “políticamente dormidos”, y el ambiente de luto lo pone difícil. “Una campaña electoral necesita ánimo y optimismo”, resume.
La respuesta del Gobierno
El presidente ha calificado de inaceptable que el país haya vivido dos tragedias de alta velocidad en menos de un año y ha prometido reforzar la seguridad para que no se repita. El ministro de Transportes, Óscar Puente, rechaza las acusaciones de mala gestión y sostiene que el sistema ferroviario es seguro y fiable. Comparecerá el martes en el Congreso para dar explicaciones. Aún no hay una explicación oficial sobre las causas, que investiga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Dos tonos, de momento
El análisis destaca que PP y Vox han reaccionado de forma distinta. Para Simón, la pregunta de fondo es qué tono adoptar: uno institucional, como el del PP, o uno más duro y agresivo, como el de Vox.
PP. Feijóo, desde Urda, afirmó que las responsabilidades políticas no son “opcionales”, sino imprescindibles desde el punto de vista ético y moral. Exigió además una auditoría de la seguridad ferroviaria. Reprochó a Puente haber echado la culpa a un operario de Atocha.
Vox. Presentó una querella ante la Sala Segunda del Supremo contra Puente por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en comisión por omisión. Se funda en un supuesto incumplimiento de sus deberes de dirección, control y supervisión. El propio escrito admite que no atribuye al ministro la orden de reanudar la marcha ni la gestión del puesto de mando. El Supremo deberá decidir si la admite. The Guardian recoge además que el partido acusa al Gobierno de “matar” a las víctimas.
Presión también desde la izquierda
Las críticas no vienen solo de la derecha. Sumar (a través de Frente Amplio), ERC y Podemos han registrado peticiones en el Congreso para que el ministro dé explicaciones parlamentarias. Frente Amplio reclamó una auditoría independiente de la red y responsabilidades técnicas y políticas. Esa presión de los socios suma un elemento al cuadro que describe The Guardian: el Gobierno responde por la seguridad ferroviaria a ambos lados del espectro.
